TÍTULO DEL PROYECTO: La calidad de la traducción como factor de garantía del proceso penal: desarrollo de recursos al servicio de los intérpretes judiciales de rumano, árabe, chino, francés e inglés.

ACRÓNIMO: TIPp (Traducción e Interpretación en los procesos penales)

REFERENCIA: FFI2014-55029-R

ENTIDAD FINANCIADORA: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

CONVOCATORIA: Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad

FECHAS DE EJECUCIÓN: enero 2015- diciembre 2017

La interpretación judicial es un campo de investigación relativamente reciente en España, a diferencia de otros países. En las dos últimas décadas, la investigación en interpretación judicial ha cobrado especial importancia en el ámbito europeo. De hecho, como parte del Horizonte 2020, la Dirección General de Justicia de la Comisión europea, en concreto el “Justice Programme 2014-2020” ofrece en la actualidad una convocatoria de ayudas para investigar sobre este tema. Hasta ahora, los proyectos europeos se han centrado en el análisis de las barreras lingüísticas en el acceso a la justicia y en la necesidad de establecer estándares similares para la formación, acreditación y selección de intérpretes.

En España se aprobó la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modificaron la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (ver BOE del 28/4/2015). Esto supone que la traducción y la interpretación pasan a formar parte del núcleo esencial de los derechos a obtener la tutela judicial efectiva en el ejercicio de derechos e intereses legítimos ante los tribunales sin que pueda producirse indefensión; derecho a ser informado sobre la acusación; derecho a un proceso público con todas las garantías y derecho de defensa, recogidos en el artículo 24 de la Constitución Española, en relación con lo dispuesto en el artículo 81.

En este sentido, los estudios previos llevados a cabo por el equipo de investigación que firma este proyecto (por ejemplo la reciente tesis doctoral “La interpretación en el ámbito judicial. El caso del rumano en los tribunales de Barcelona”) apuntan a que en la actualidad, dichos profesionales carecen de los recursos tecnológicos o de documentación necesarios para realizar su labor con exactitud, rigurosidad y diligencia.

El objetivo del presente proyecto es elaborar una aplicación informática que incluye en una sola interfaz los recursos necesarios para facilitar la labor del intérprete judicial: una serie de recomendaciones para las situaciones habituales a las que se enfrenta el intérprete; recomendaciones para funcionarios de la administración de justicia sobre el papel y la interacción con los intérpretes; un tesauro monolingüe con el vocabulario más habitual en los procesos penales observados en el corpus y cinco bases de datos con los términos más utilizados en los procedimientos judiciales con comentarios y propuestas de traducción a las lenguas más traducidas: árabe, rumano, chino, francés e inglés. Esta aplicación, que ya está disponible y en línea aqui, estará terminada en diciembre de 2027.

La metodología propuesta es pionera en el campo de investigación de la interpretación judicial en España, ya que se propone basarse en datos reales, obtenidos en procesos penales y no en simulaciones, y producir resultados en cinco combinaciones lingüísticas, unificando todos los recursos creados en una sola interfaz de consulta.

El resultado esperado es que la aplicación informática contribuya a que el intérprete judicial desempeñe su labor con mayor rigor y eficacia, y que esto tenga un impacto en los principales usuarios de sus servicios, que son los colectivos de personas detenidas, imputadas, acusadas o condenadas de origen inmigrante, que suelen encontrarse en situaciones de desigualdad, exclusión y pobreza.

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